El PAMI es la obra social más grande del país. Brinda cobertura médica a más de 5 millones de afiliados, lo que justifica su elevado presupuesto y su relevancia dentro del sistema de salud pública argentino. En 2024 contó con un presupuesto total que superó los 5 billones de pesos. Aunque no se dispone de un ranking oficial actualizado que lo posicione numéricamente entre todos los organismos del Estado, su presupuesto lo ubica entre las entidades con mayor asignación de recursos, especialmente en el ámbito de la seguridad social y la salud.
Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto del PAMI es comparable al de otros organismos nacionales de gran envergadura, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que también maneja fondos significativos destinados a prestaciones sociales.
En la actual gestión de Javier Milei, el titular del organismo es Esteban Leguizamón. Es médico pediatra, especializado en salud pública y auditoría médica.
En el gobierno de Alberto Fernández, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue la licenciada en ciencias políticas y dirigente de La Cámpora Luana Volnovich.
Las graves irregularidades detectadas por la SIGEN, a cargo del contador público Miguel Carlos Blanco, recaen sobre el último año de gestión de la administración del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.
El trabajo de los síndicos revela además importantes irregularidades y deficiencias en la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental, uno de los sectores que debería ser prioridad máxima dentro del organismo pero que en los últimos años, según el informe de la SIGEN, presentó “desvios” y falta de control por parte de los auditores del PAMI.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, señaló múltiples falencias en las prestaciones del PAMI, destacando que la salud mental “no tiene atención” y que “pareciera ser que en Argentina no existe”. Semino advirtió sobre demoras de hasta tres meses para obtener turnos y la falta de disponibilidad de camas, lo que calificó como una “crisis humanitaria silenciada”.
“Pagos sin respaldo”
SIGEN advirtió pagos sin respaldo, fallas en prestaciones y afiliaciones sin control en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: el perjuicio económico supera los $16.000 millones como resultado de pagos sin documentación respaldatoria, recuperos no ejecutados, anticipos sin control y contrataciones irregulares.
El informe, que evalúa el Sistema de Control Interno (SCI) del organismo durante el ejercicio 2023, califica su funcionamiento como “débil”, afectando la integridad de los procesos contables, médicos y administrativos.
También se acreditaron pagos sin respaldo y control ineficiente. Según la auditoría, el PAMI realiza pagos a prestadores médicos sin contar con las facturas electrónicas exigidas, apoyándose en documentos internos denominados “Facturas Únicas”. Este mecanismo, subraya SIGEN, “priva de un adecuado respaldo documental a los asientos contables del Instituto”.
Además, los sistemas de validación automática del sistema SAP (“Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos)” son calificados como “evidentemente insuficientes”. En muchos casos -se explica-, se omiten controles y las transferencias se aprueban sin revisión formal. A eso se suma una acumulación de expedientes de pago sin archivar ni auditar.
La actual conducción del organismo descentalizado comenzó a tomar medidas para resolver los cuestionamientos advertidos ahora por la SIGEN y antes por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Por ejemplo según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni y el titular del organismo:
1) Recetas: Mejora en la seguridad de los datos del paciente. Para trabajar en pos de mejorar el servicio para los afiliados, se modificó la receta electrónica para que el médico de cabecera tenga que incorporar un código token para realizarlas. Esto asegura que el médico no emita libremente y sea el afiliado quien le pase el código para que emita únicamente una receta por lo que necesita.
De esta manera -explicaron desde el Instituto-, “se evita la generación de recetas apócrifas, las cuales eran comunes en el sistema anterior”. Y explicaron que: “Detectamos que había desvíos en las prescripciones de recetas y había casos de médicos que emitían recetas desde varias Unidades de Gestión Local (UGLs). “Estas pequeñas mafias constaban de médicos que vendían sus usuarios para emitir recetas, robar datos de afiliados y se revendían medicamentos por vías alternativas”, denunció en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni.
2) Modificación del sistema de compras:
La gestión de Esteban Leguizamo también modificó el mecanismo de compra de efectores propios. “Hoy todas las licitaciones de insumos se hacen y distribuyen desde PAMI Central, mientras que en el sistema anterior las compras se realizaban por efector. Esto no solo las hacía más difíciles de controlar, sino incluso más costosas», sostuvieron las autoridades de La Libertada Avanza.
Las autoridades del PAMI decidieron modificar varias modolaidades de compra de insumos para jubilados y pensionados para “romper con los kioscos” de la gestión anterior, según se denunció desde la Casa Rosada.
“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos que es el de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales). Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios», expresaron desde el Departamento de Prensa del Instituto al ser consultados por Infobae y recordaron que: “Por eso, a partir del 1° de junio se puso fin a este abuso al implementar un nuevo sistema que corta de raíz también a los intermediarios y pone en el centro al afiliado. Ahora los pañales se comprarán mediante licitación pública» y aseguraron que: “Este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad«.
Según detalló el electo legislador porteño desde Casa de Gobierno esta es “la primera vez en 10 años que se revisa el producto que se ofrece y que se realizan pruebas de calidad de los pañales que se licitan por parte de profesionales médicos y farmaceúticos para adecuarlos a los parámetros de calidad establecidos por la ANMAT”.
También destacó: “El cambio responde a maniobras oscuras detectadas en el sistema anterior, donde existían irregularidades como la sobrefacturación de más de 3.5 millones de pañales y la carterización y reventa ilegal en farmacias y sitios de venta online».
Las autoridades de las obras social de jubilados y pemsionados expresaron al ser consultadas por este medio que: “Durante el último año se han registrado más de 13 mil reclamos donde las dificultades más frecuentes son la falta de entrega de productos a los afiliados y las demoras en las farmacias cuando van a retirarlos”. Y opinaron: “Este sistema rompe de lleno con la casta de pañaleros y profundiza la práctica de este gobierno de desarmar las mafias existentes y terminar con los privilegios“.
Según comunicó el vocero presidencial “esto es en respuesta a recientes denuncias sobre la venta irregular de pañales PAMI a través de Marketplace». Y recordó que: “A partir de ahora, los pañales se entregarán directamente en el domicilio de los jubilados, eliminando intermediarios y reduciendo las posibilidades de desvío. Además, se suma el objetivo de mantener una mayor trazabilidad sobre el stock de producto”.
Adorni detalló que: “La distribución de los pañales está a cargo de la empresa Correo Urbano, que llega sin costo para el afiliado el insumo al domicilio declarado. La empresa realiza una primera visita y, en el caso de que no se concrete la entrega, se realiza una segunda en un plazo no mayor a 72 horas».
Una auditoría que revela graves irregularidades
Un punto central del informe de la auditoría de la SIGEN a la que accedió este medio e identificada como IF-2025-56072376-APN-GCSS#SIGEN, hace hincapié a los débitos por servicios no cumplidos o mal prestados, que no son recuperados en tiempo y forma. “Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, el Instituto solo logró recuperar $779.947.806,20, mientras que los montos pendientes de recupero ascienden a $2.426.752.337,62″, destacó el informe.
Tambièn identificó: “Prestaciones sin sustento, contratos desactualizados y riesgos en la atención en el área médica», el control sobre los prestadores fue calificado como “deficiente”.
La auditoría señala que numerosos médicos de cabecera superaban las cápitas máximas permitidas por normativa, sin justificación formal ni evaluación de capacidad real, lo que podría derivar “en riesgos clínicos y deterioro de la atención”, una de las mayores denuncias de los afiliados.
En cuanto a las contrataciones, la SIGEN detectó que “los contratos utilizados omiten las precisiones necesarias para evitar controversias interpretativas”. Y aclara: “Se trata de documentos incompletos, sin especificación del objeto contractual, lugar de atención, cupos asignados ni criterios de medición de desempeño. Tampoco existen procedimientos formales de evaluación de prestadores, lo que impide verificar la eficiencia, calidad o cumplimiento”.
Además, el régimen de penalidades para sanatorios y efectores que incumplen con la atenciòn de los afiliados “está desactualizado desde 2019, y aún no se ha implementado el nuevo esquema normativo establecido por Resolución 1304/2019″.
La Autiroría General de la Nación también advirtió sobre:
- Fallas graves en el proceso de afiliación y baja de beneficiarios. En múltiples expedientes se detectó la falta de CUIL, partidas de nacimiento y constancias previsionales, lo que “conlleva un riesgo significativo de afiliaciones indebidas” y perjuicio económico para el Instituto.
- Se mantiene el uso de expedientes físicos, a pesar de la obligación legal de utilizar el sistema electrónico (GDE), y se constató que algunos usuarios del sistema contaban con permisos de administrador sin autorización ni control.
- En relación a las bajas por fallecimiento, el informe denuncia que la fecha registrada no coincide con la real, ya que se utiliza el momento en que el dato es recibido del RENAPER. Esta diferencia puede derivar en la continuidad de pagos a familiares o titulares fallecidos, incrementando el gasto improcedente.
- Entre los hallazgos más críticos del informe figura el caso del Hospital Español. Los auditores señalaron que los fondosderivados, $13.400 millones, fueron otorgados sin garantías y que superan el monto de prestaciones efectivamente brindadas y que los reconocimientos judiciales obtenidos son mínimos respecto a lo reclamado.
- Además, el PAMI ofertó U$S 22 millones para adquirir el inmueble del hospital, pero no cumplió con los plazos judiciales para integrar la garantía exigida. El juez resolvió finalmente suspender la adjudicación hasta que se informe la totalidad del pasivo de la quiebra.
Irregularidades en el sector de salud mental
Uno de los puntos relevantes del informe de la SIGEN, que depende de Presidencia de la Nación revela la fallas entre los auditores de Salud Mental del PAMI. Esto es en el sector dónde más sencibilidad y prestaciòn de servicio público debería brindarse.
Según revelan los peritos de la SIGEN la obra social de jubilados y pensionados “carece de un documento completo, actualizado y formalmente aprobado, que contenga la formulación expresa y adecuada del Programa 9700-Servicios de Salud Mental, que contemple, entre otros, sus objetivos, metas, componentes, cronograma y mecanismos de control.
El Programa 9700 – Servicios de Salud Mental del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es una línea presupuestaria destinada a financiar la atención en salud mental para afiliados. Abarca una variedad de prestaciones en salud mental, incluyendo:
- Consultas psicológicas y psiquiátricas.
- Psicoterapias individuales, grupales, de pareja y familiares.
- Evaluaciones psicodiagnósticas y psicométricas.
- Terapias complementarias como musicoterapia, terapia ocupacional y talleres de memoria.
- Internaciones psiquiátricas de corta y larga duración.
- Atención en hospitales de día y centros comunitarios de salud mental.
El informe de la SIGEN halló deficiencias en estos servicios, entre otras juridicciones, en las de CABA.
En Salud Mental también se verificaron “deficiencias en materia de contratos prestacionales, habiéndose constatado que los respectivos instrumentos presentaban plazos contractuales ya vencidos, sin que conste prórroga o rescisión, así como la ausencia de una adecuada acreditación de la personería de los firmantes y de certificación de las firmas».
La SIGEN destaca en su informe que: “Los criterios empleados por el Servicio de Salud Mental para la asignación y distribución mensual de las cápitas asignadas a los distintos prestadores no se encuentran adecuadamente explicitados”. Y que: “El control prestacional que realiza el INSSJP en la materia resulta insuficiente”.
También: “Se han constatado diversos desvíos en los efectores, en materia edilicia, de personal, y de historias clínicas”, un hecho calificado de “gravedad”.
El documento de la SIGEN destacó que: “La Subgerencia de Salud Mental carece de procedimientos formalmente aprobados que unifiquen criterios en lo concerniente al control y aprobación de la información que sirve de base para la facturación de los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada y que: “La modalidad de retribución capitada con umbrales tiende a desincentivar la incorporación de prestaciones por encima del límite establecido por el Instituto, a la vez que incentiva la estrategia de selección de pacientes y el manejo discrecional de su tiempo de permanencia y egreso”-
En momentos de realizarse la auditoría La Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados operaba bajo la órbita de la Gerencia de Prestaciones Médicas, dentro de la Secretaría de Políticas Sanitarias. Esta subgerencia era responsable de coordinar las políticas y prestaciones en salud mental para los afiliados del instituto.
